Dictadura Militar

INTRODUCCIÓN

Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado ejecutado el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el ERP, de inclinación marxista. Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de la década del 70 y fueron la principal justificación utilizada por las FF.AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón. Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la junta llevó a cabo una guerra contra las organizaciones guerrilleras, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio para erradicar la "amenaza del comunismo"[1] —. El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.

EL PROCESO FUE GOBERNADO POR CUATRO JUNTAS MILITARES SUCESIVAS:

1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
1982-1983: Nicolas Bignone , Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Los autores e ideólogos del Proceso emplearon este nombre para justificar la fractura del orden jurídico y el gobierno dictatorial surgido del golpe, argumentando que el orden democrático era insuficiente para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicaciones.

EL FINAL

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Bignone, el último líder de la Junta Militar. La campaña presidencial de 1983 opone el candidato peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 10 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia. Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes.

POR SIEMPRE

Dia nacional de la memoria
El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.